Por Paola Valencia, gerenta de Sostenibilidad de E3
Como ya es ampliamente conocido, según el último reporte de Global Alliance for Building and Construction, el sector vinculado a edificación es responsable del 38% de las emisiones globales de GEI, donde un cuarto de éstas corresponde a las emisiones generadas en los procesos de producción de materiales, transporte y construcción. Por lo tanto, hoy en día se sabe que tres cuartos de las emisiones del sector corresponden a carbono operacional y un cuarto a carbono incorporado.
Sin embargo, ya hace muchos años que sabemos que el sector construcción es responsable de éste y otros impactos ambientales y ha sido uno de los sectores más lentos en incorporar cambios de buenas prácticas no sólo medioambientales, sino también de innovación, tecnológicas y sociales. Y ¿por qué ocurre esto? Bueno, por algo muy simple, porque al menos en Chile este sector compite sólo por costos directos y no considera los costos indirectos. Esto quiere decir que no paga impuestos por los diferentes impactos que genera. Un ejemplo muy claro de esto es que es más barato botar basura que valorizarla. Esto es grave, porque esos impactos ambientales los terminamos pagando todos, dado que el estado invierte un porcentaje no menor del presupuesto nacional en mitigación de daños ambientales, tales como planes de descontaminación, subsidios a familias de zonas saturadas, reforestación, gastos en salud por consecuencia de la contaminación y tantos otros.
Un gran desafío que tenemos en el sector construcción es lograr que nuestros procesos sean ambiental y socialmente responsables y para lograr esto, una de las herramientas más potentes son las certificaciones medioambientales, pero cuando promovemos estos sistemas, lo primero que encontramos por parte de la industria es la respuesta “es más caro”.
Por ello, es muy relevante avanzar a nivel nacional en levantar datos sobre los impactos ambientales vinculados a los procesos productivos y reflejar esto en los costos de producción, tomando para esto uno de los principios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que señala que “El que contamina paga”. En este contexto, todos los procesos productivos deberían pagar impuestos ambientales de acuerdo con su nivel de impacto y, bajo este concepto, claramente un proyecto certificado con estándares de sustentabilidad tendería a ser más económico que uno no certificado.
Las certificaciones medioambientales de edificios también tienen un rol fundamental en la generación de datos e información ambiental sobre los procesos de producción, construcción y operación de los edificios e infraestructura. Es así como hace más de 20 años que se han implementado certificaciones medioambientales en el mundo, que buscan cambiarle la cara a la industria hacia una más responsable y verde. En ese sentido, se destaca a Chile como uno de los países que no sólo ha implementado sistemas internacionales, sino también desarrollado e implementado sistemas nacionales que ayudan a movilizar al sector a incorporar prácticas de menor impacto ambiental.
Es por esto que vale la pena destacar cómo están abordando la reducción de emisiones de GEI los sistemas de certificación medioambiental que están operando en Chile y que son las certificaciones internacionales LEED y EDGE, y las certificaciones nacionales CVS y CES. En ese sentido, se destaca que todos los sistemas tienen un enfoque de ciclo de vida para abordar la promoción de reducción de energía y por ende de emisiones de GEI, aunque claramente algunos la abordan con mayor profundidad que otros. Los temas en los que coinciden la mayoría de estas certificaciones son premiando el uso de materiales y productos que documenten la energía incorporada en sus procesos, medidas de eficiencia energética en el diseño del edificio, en los equipos de iluminación, climatización, agua caliente sanitaria y la incorporación de energías renovables.
Y al igual que las certificaciones anteriores la Certificación Edificio Sustentable se destaca por promover la eficiencia energética con enfoque de ciclo de vida, ya que premia a los proyectos que documenten la energía incorporada en los materiales, medidas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico, en diseño de iluminación, en sistemas de climatización y de agua caliente sanitaria y a los que incorporen energías renovables.