Por Eliseo Huencho, arquitecto, jefe de División de Edificación Pública, MOP – Dirección de Arquitectura
La gestión de edificación pública implica conciliar a lo menos tres propósitos básicos: cubrir las necesidades de espacio para el acceso de las comunidades locales a los servicios públicos, ejecutar el gasto de la forma más eficiente que sea posible y proveer una arquitectura de estándar homogéneo en cuanto a calidad y valor, que contribuya a elevar los niveles de desarrollo de las personas en todo el territorio nacional.
En este contexto, la Certificación Edificio Sustentable se sitúa como un factor de calidad de la arquitectura, contribuyendo con la unidad de medida necesaria para “ecualizar” una buena gestión pública.
La posibilidad que hoy tenemos de garantizar condiciones de confort y eficiencia energética de los edificios públicos mediante la certificación CES, es el resultado de importantes esfuerzos institucionales públicos y privados para producir una convergencia sobre un estándar de mejora, situado en el contexto de nuestra realidad económica, social y territorial, caracterizada por la diversidad. Basta reconocer los distintos espacios regionales, económicos y climáticos de nuestro país, para dimensionar las complejidades que debe enfrentar todo intento de estandarización en materia de uso eficiente de la energía y medioambiente.
Las primeras aproximaciones en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas tienen más de 20 años: estudios, guías de diseño y aplicaciones piloto de soluciones de eficiencia energética en proyectos de arquitectura. Este trabajo, con la academia y el ejercicio de distintos profesionales, fue la base de los actuales Términos de Referencia de Eficiencia Energética que el Ministerio de Energía estableció como criterio oficial para toda nueva obra de infraestructura pública. De esta forma, contábamos con las condiciones propicias para que en la actualidad la certificación CES sea un requisito técnico de los contratos de diseño y obra que se nos encomiendan, incorporado progresivamente desde el año 2015 para llegar a ser condición de calidad en el 80% de las nuevas iniciativas durante el presente año.
Pero es importante hacer notar que el alcance de este sistema de certificación ofrece beneficios que van más allá de fijar un conjunto de parámetros de confort ambiental y eficiencia, y de aportar un código de comunicación efectivo en el entramado de variables conceptuales y técnicas de una solución de arquitectura. Esta certificación está facilitando, por ejemplo, el desarrollo de formas más integrales de contratación de la obra pública, que reducen las variaciones y el tiempo entre las etapas de diseño y obra, porque permite pasar de la tradición del diseño prescriptivo a la contratación de soluciones de arquitectura en base a prestaciones y condiciones de desempeño medidos al resultado efectivo. Aquí, sistemas de modelamiento BIM y sistemas de certificación integrales como CES son pieza clave. Esto abre un abanico de posibilidades para la industria, la innovación y la participación regional.
Asimismo, la mejor calidad de la información acerca de los consumos de energía, como los eventuales rangos de aporte a los sistemas de generación que un edificio moderno puede obtener, fortalece los enfoques de gestión sobre el ciclo de vida completo de un proyecto. Lo que tradicionalmente se limitaba a evaluar el diseño y la ejecución de la obra, hoy se extiende a la proyección de la fase de operación de forma más precisa.
Es importante que un estándar nacional de sustentabilidad para el sector construcción, como CES, logre los más altos niveles de consenso, reconocimiento e independencia, de modo que sea, en efecto, un canon de medida para nuestro desempeño y desarrollo país. Desde la gestión pública entendemos que nuestro rol es contribuir a que ello se produzca y consolide en la práctica.